La Asamblea Legislativa deberá decidir el camino a seguir tras un veto parcial del presidente Chaves. Foto: Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa)
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) pidieron a los diputados volver a sellar el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperadores en materia tributaria con el Unión Europea (UE), que fue vetado parcialmente por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En declaraciones separadas, las organizaciones empresariales se pronunciaron en contra de la contrapropuesta realizada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por lo que solicitaron al Congreso obtener los 38 votos necesarios para volver a sellar la iniciativa y que se convierta en ley de la República con redacción refrendada el 7 de septiembre en segundo debate.
“La modificación que propone el veto no sólo compromete la exclusión de la lista negra, sino que también pone en peligro la confianza de empresas con planes de invertir en Costa Rica al generar un ambiente de inseguridad jurídica. Esto último compromete los planes de inversión del país para los próximos cuatro años”, afirmó Azofras.
De manera similar se expresó la Uccaep, señalando que, “si se reforma el expediente como lo solicita el Poder Ejecutivo, el país estaría expuesto a permanecer en la lista negra, con el consecuente impacto en la inversión internacional y la imagen de Costa”. Rica.” .
El presidente Chaves justificó el veto parcial al expediente 23581 porque estaba disconforme con la reforma al artículo 1 de la Ley del Impuesto a la Renta, que cerraría en materia Tributaria la posibilidad de recaudar impuestos sobre las ganancias obtenidas en el exterior de personas físicas y jurídicas.
En cambio, el presidente propuso clasificar como ingreso de fuente costarricense “cualquier ingreso cuyo origen tenga vínculo económico con el territorio nacional”, lo que permitiría a Fiscalía recaudar impuestos sobre todas las ganancias obtenidas en el extranjero si la inversión se realizó con ingresos. generado en Costa Rica.
Esta interpretación es sustentada por la Dirección General Impositiva, así como por sentencias de la Sala I y la Sala IV.
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Rechazan los argumentos del Gobierno
En su comunicado, Azofras negó que el proyecto genere una “exención fiscal” a favor de bancos y grandes empresas, al tiempo que cuestionó las recientes interpretaciones administrativas y judiciales al respecto, al considerar que “han ampliado la cobertura del impuesto, aplicando impuestos sobre ingresos extraterritoriales”.
Las empresas de zonas francas alegan que esta situación se traduce en “dañina discrecionalidad administrativa e inseguridad jurídica, una de las razones más relevantes que llevaron a la inclusión de Costa Rica en la lista negra de la Unión Europea”.
Por su parte, la Uccaep llamó la atención “sobre el cambio de modelo tributario que se estaría dando si no se vuelve a sellar este proyecto de ley”.
La Cámara Empresarial pidió a la Asamblea avanzar en el replanteamiento y, posteriormente, abrir espacios de debate sobre el modelo tributario “que queremos los costarricenses: un modelo simplificado, justo, progresivo, que promueva la inversión local y extranjera, la creación de empleo y el crecimiento”. oportunidades para los costarricenses, que fomenten la operación de las empresas y la competitividad de los negocios”.
Según la Uccaep, la UE ha calificado de perjudicial la falta de transparencia debido a la discordancia entre lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y las interpretaciones administrativas y judiciales que se han generado, por lo que abogó por aportar claridad al respecto. asunto.
Uccaep y Azonfras no son las únicas organizaciones empresariales que se han manifestado en contra del veto parcial del presidente Chaves.
El pasado 15 de septiembre. La Cámara de Exportadores (Cadexco) advirtió que la contrapropuesta del Gobierno involucra elementos propios de un esquema de renta global, lo que consideran traería incertidumbre a los contribuyentes.
La renta global consiste en que, al recaudar el impuesto sobre la renta de las personas naturales y jurídicas residentes en el país, el Estado considera todas las rentas o rentas que generan en cualquier parte del mundo.
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