Todas las sociedades mercantiles y sucursales de sociedades extranjeras inscritas en el Registro Nacional deberán pagar el impuesto anual a las personas jurídicas a más tardar el martes 31 de enero de 2023.

Quienes deban pagar el impuesto y no lo hagan a tiempo están sujetos a sanciones que generan una tasa de interés anual fijada en 11.59%, la cual es 3.06 puntos porcentuales (pp) superior a la correspondiente al segundo semestre de 2022. Sin embargo, el el cargo es proporcional a los días o meses de retraso.

Las personas jurídicas exentas del pago del impuesto, y por tanto no expuestas a sanciones o multas, son las empresas registradas como PYMES y registradas ante el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC).

El impuesto a las personas jurídicas se encuentra regulado en la ley del mismo nombre bajo el número 9.428 (popularmente conocida como Ley Lázaro). También existe el número 9.024, que cubría el período comprendido entre 2012 y 2016, y que finalizó el 15 de diciembre el período de reinscripción de sociedades disueltas entre esos años.

El 90% de lo recaudado por el pago de esta obligación va al Ministerio de Seguridad, el 5% al ​​Ministerio de Justicia y Paz y el porcentaje restante al Poder Judicial, específicamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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“El pago del impuesto es escalonado y depende de si es una empresa activa o una empresa inactiva y de acuerdo a los ingresos brutos que tengan”, dijo Felipe Guevara, abogado fiscalista de la firma Consortium Legal.

El artículo 3 de la Ley 9.428 detalla el cuadro tarifario que se divide en cuatro modalidades:

  • 15% de un salario base mensual: Sociedades y sociedades anónimas individuales, “que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional que no se encuentren inscritas en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación”.
  • 25% de un salario base mensual: “Contribuyentes en el impuesto sobre la renta, cuya declaración del impuesto sobre la renta sea inmediatamente anterior a la ocurrencia del hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos inferiores a 120 salarios base”.
  • 30% de un salario base mensual: Empresas registradas que hayan declarado ingresos brutos entre 120 y menos de 280 salarios base, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.
  • 50% de un salario base mensual: Empresas registradas que hayan declarado ingresos brutos equivalentes a 280 salarios base o más, en el impuesto sobre la renta del período fiscal anterior.

“Las personas que no tienen una actividad económica también pagan, pero el monto más bajo es el 15%, que se traduce en 69.330 (tomando en cuenta el salario base de 462.200)”, dijo Silvia Castro, abogada fiscal.

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El impago del impuesto por más de tres períodos causa como sanción la disolución de la sociedad, lo que significa la eliminación de la personalidad jurídica.

“Por ejemplo, la gente tiene muchas empresas inactivas, si la disuelven ya no puedo hacer absolutamente nada más con esa empresa que liquidarla. Entonces cuando disolvieron la empresa tengo que liquidar para que los accionistas se distribuyan los bienes que tiene la empresa”, ejemplificó Guevara.

Pero si la sociedad ya está disuelta y ahora se quiere ‘revivirla’, puedo hacerlo al amparo de la Ley de Registro de Empresas Disueltas (10.255) que ampara a las que entraron en ese estado de disolución entre 2017 y 2021, pero deben pagar el sanciones correspondientes.

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Además de la Ley 10.255, también existe la Ley 10.220, pero solo se aplicaba a las sociedades disueltas en el período 2012-2016 que debían culminar el proceso a más tardar el 15 de diciembre del año pasado.

A quienes les correspondía la Ley 10.220, y que realizaron la gestión correspondiente, tienen tiempo hasta el 15 de enero de 2023 para solicitar el cese de la disolución y quedarían en la misma condición jurídica en que se encontraban antes de ser disuelta.

Por otro lado, quienes aplican la Ley 10.255 tienen tres años para gestionar los trámites y se considera un ‘beneficio permanente’.

“La Ley 10255 va un poco más allá, dando una solución permanente al caso de disolución por falta de pago del impuesto a las personas jurídicas, pero también contempla el caso de las sociedades mercantiles cuyo plazo social haya vencido”, explicó Adriana a EF Sánchez, abogado de la firma Arias y Sánchez Consultores, el octubre anterior.

Para ‘reactivar’ la empresa deben tener un acuerdo con el 51% de los accionistas y realizar la solicitud de autorización, mediante escritura pública, a Hacienda. Luego hacen el pago correspondiente según el período correspondiente.

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By Nacion

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