Las rutas de autobuses de Costa Rica movilizan alrededor de 1,6 millones de pasajeros al día, según los últimos datos disponibles de 2019, antes de la pandemia, lo que la convierte en el principal medio de transporte público del país.

Hasta hoy, los buses con más de 15 años de vida deben salir de las calles, pero una iniciativa legislativa propone darles cinco años más de uso.

La propuesta ha desatado un intenso intercambio de criterios entre diputados, Gobierno, gremial y otros sectores que cuestionan la medida. A continuación te explicamos lo que se sabe.

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El meollo de la cuestión nos lleva al artículo 46 bis de la Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad (7.600) de 1996, aunque el artículo en cuestión fue introducido en 2006 a través de otra ley específica, la 8.556.

El primer párrafo del artículo indica que “el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de buses de ruta en el servicio de transporte público luego de 15 años de su fabricación”, término que es improrrogable.

También se menciona que no podrán circular buses de rutas de transporte público que carezcan de condiciones de accesibilidad.

Sin embargo, a raíz de la pandemia, los choferes de buses alegan que tuvieron un impacto económico que les impide realizar las inversiones necesarias para renovar buses que están próximos a cumplir esa antigüedad, lo que motivó la presentación de un proyecto de ley.

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En la corriente legislativa se tramita el proyecto de ley 22.530 con el nombre de Ley para la Protección del Sector de Autobuses Nacionales ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica Provocada por el Covid-19, presentado en 2021 por la exdiputada socialcristiana Erwen Masís, actual representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El texto incluye un artículo único que propone reformar precisamente el artículo 46 bis de la Ley 7.600 para que, en lugar de 15, el período máximo de los buses suba a 20.

La novedad es que se añade un párrafo que obliga al CTP, a través de la entidad acreditada para realizar la inspección técnica vehicular, a realizar revisiones semestrales de las unidades que superen los 15 años de vida útil, “con el fin de garantizar su correcto funcionamiento”. y calidad de servicio al usuario.

Sin embargo, recientemente se ha valorado reducir el plazo máximo de 20 a 18 años, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo entre los legisladores. La medida se aplicaría una sola vez durante cinco años.

La mayoría de bancadas apoya la propuesta, pero la facción del Frente Amplio, de seis diputados, mantiene una feroz oposición a la idea. La diputada Sofía Guillén ha reclamado que el sector del autobús vive con “privilegios” y ha recordado en una sesión en el Congreso que las pequeñas empresas con dificultades para cambiar de flota pueden acceder al fondo de garantía.

La discusión en la Asamblea Legislativa se reanudaría a partir del 9 de enero, cuando los diputados retomen sus funciones luego de sus vacaciones de fin e inicio de año.

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Del otro lado de la acera está la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans), el principal grupo empresarial de este sector en Costa Rica.

Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara, llamó a los diputados a ser “responsables” con el proyecto de extender la vida útil de los buses, pues la organización defiende que, de no hacerse el cambio, unos 300 buses saldrían de servicio. circulación en enero provocando un “paro técnico”.

“Han querido desdibujar el tema principal, que es el tema de la continuidad del servicio y la afectación de más de un millón de costarricenses que utilizan todos los días el transporte público”, dijo Bolaños en una conferencia de prensa el 19 de diciembre, realizada en el recinto de la CTP. auditorio propio.

La directiva señaló que ya hay 95 comunidades sin servicio, incluso en zonas de la Gran Área Metropolitana como Tres Ríos.

Para 2019 había unos 5.000 buses habilitados para el transporte de personas en rutas, por lo que los 300 en peligro, según Canatrans, representan el 6% del total.

Según publica el diario La Naciónal menos ocho grandes empresas de autobuses se verían beneficiadas con el proyecto de ley que se discute.

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Aura Álvarez, directora técnica de la CTP, precisó en audiencia en la Asamblea que actualmente operan en el país 342 buses con más de 15 años.

Ese número era menor antes de la pandemia, pero durante la emergencia sanitaria creció la bola de nieve. Álvarez justificó que la pandemia dificultó la inversión en nuevas unidades de negocio.

Anteriormente, la CTP ha flexibilizado algunas medidas para los conductores de autobuses. Por ejemplo, en agosto de 2021 les permitió operar con un 30% menos de flota, permiso que se prorrogó hasta agosto de 2023.

La CTP acordó pedir a los conductores de buses con unidades vencidas que las renueven para no exponerse a sanciones, pues si las empresas no se ponen al día con su flota estarían sujetas a procesos administrativos que podrían terminar en la cancelación de la concesión.

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El ministro del MOPT, Luis Amador, ha señalado que este aumento de cinco años en la vida útil de los buses representa un riesgo para los usuarios, por lo que su propuesta es de dos años, hasta 17.

El Gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, busca una propuesta para llegar a un acuerdo legislativo.

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La idea de darle más años a los buses ha levantado críticas de otros sectores. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se opone al proyecto porque cree que aumentará el riesgo de accidentes para las personas. Además, piden el cierre de la CTP.

Por otro lado, las organizaciones de movilidad urbana cuestionan que la idea no responda a criterios técnicos. Nueve de ellos enviaron una carta a los diputados para hacer un llamado a repensar la iniciativa.

Entre las estrellas se encuentran la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) y la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Falta de Respeto (Aconvivir).

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By Nacion

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