Uno de los conceptos que más discusión ha generado entre la Administración Tributaria y los contribuyentes en general es, sin duda, la principio de territorialidad de nuestro sistema tributario.

Muchos procedimientos de inspección y litigios judiciales se han centrado en este aspecto, y las respuestas que se han generalizado por parte de las diferentes autoridades, tanto administrativas como judiciales, se basan en una interpretación y aplicación de un concepto que no tiene necesariamente un sustento claro. en la normativa vigente.

Este aspecto ha causado gran inseguridad juridica en costa ricaespecialmente si se analiza la situación desde la perspectiva de inversiones en el exterior o de empresas y personas costarricenses que también mantienen operaciones fuera de nuestras fronteras.

Él última disonancia, entre el Ministerio de Hacienda y los contribuyentes, se presentó hace unas semanas, cuando la Sala IV resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia emitida anteriormente por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En esta ocasión, empresas del sector financiero y de otros sectores de la economía, argumentaron que la interpretación que se ha reflejado en distintas sentencias judiciales -y que son reiteradas por la Primera Sala- supone una clara afectación al principio de reserva de la ya que la normativa tributaria es clara al estipular el principio de territorialidad en Costa Rica.

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Previo al análisis de los pormenores de estas diferencias entre contribuyentes y Hacienda, es necesario repasar los conceptos fundamentales en materia tributaria. Es fundamental referirse al ‘hecho generador’, ‘producto de la renta’, ‘programación del impuesto a la renta’, y por supuesto, ‘territorialidad’.

Como punto de partida, conviene aclarar que el concepto de Hecho del generador se refiere a aquella situación de hecho que, conforme lo dispone la normativa tributaria vigente, determina el nacimiento de la obligación de pagar el impuesto. C.cada impuesto tiene su hecho generador único e independiente y necesariamente debe ser establecido por una ley expedida por la Asamblea Legislativa, por lo que no sería aceptable ampliar, modificar o crear ningún hecho generativo distinto al señalado en la norma legal a través de reglamentos, oficios o interpretaciones de cualquier tipo. . De lo contrario, se verían afectados los principios constitucionales de reserva de ley y seguridad jurídica.

Para aclarar lo anterior, conviene utilizar un breve ejemplo. Si una empresa produce y comercializa camisas en Costa Rica, es precisamente esta actividad económica lucrativa la que determina el cumplimiento del hecho imponible y, en consecuencia, la obligación de pagar el 30% del impuesto sobre las utilidades al final del período fiscal.

Por otro lado, si un trabajador decide colocar sus ahorros en un certificado de depósito a plazo en un banco costarricense, el rendimiento obtenido estará sujeto a un impuesto del 15% por tratarse de rentas de capital. En este caso, el capital invertido es precisamente lo que determina el cumplimiento del hecho generador.

Los ejemplos anteriores también permiten explicar otro de los conceptos fundamentales en esta discusión, ya que se demuestra con casos prácticos que el impuesto a la renta se compone de varios certificados distintos, cuyo tratamiento fiscal difiere y el pago del impuesto por cada certificado supone el único cumplimiento y definitiva en cada caso.

Por tanto, si una sociedad costarricense, que además de su actividad lucrativa, realiza inversiones en instrumentos financieros en Costa Rica, debe pagar el impuesto sobre las utilidades que obtenga de su actividad lucrativa habitual al final del período fiscal, y respecto de la Las inversiones que realicen en instrumentos financieros sólo deberán cancelar el 15% del rendimiento obtenido, sin obligación alguna de integrar o sumar dichos rendimientos al total de los ingresos obtenidos de su actividad lucrativa habitual.

En otras palabras, cada certificado de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7092) implica una obligación única y definitiva de pagar el impuesto, sin que se puedan mezclar o sumar dichas fuentes de ingresos para efectos fiscales.

No obstante, para analizar el concepto de territorialidad, y teniendo en cuenta la situación actual, es necesario tener presente cada uno de los conceptos anteriores y añadir el criterio de territorialidad que se aplica a todos y cada uno de los certificados del IRPF. de la misma manera.

En términos generales, nuestro sistema tributario establece que los contribuyentes tienen la obligación de pagar impuestos, independientemente de la cédula de identidad de que se trate, si el hecho generador se realiza dentro del territorio nacional. Es precisamente este caso el que se incluyó en cada uno de los ejemplos anteriores.

Por lo tanto, si una empresa o individuo decide realizar inversiones fuera del territorio nacional, los rendimientos obtenidos no deben estar sujetos a impuestos en el país, ya que para determinar si dicho rendimiento o beneficio económico se materializa en Costa Rica, se debe identificar dónde se genera el se cumple el evento.

En el caso de las rentas pasivas -como las inversiones financieras- el hecho generador está vinculado y limitado a la colocación de capital en un instrumento específico. Por lo tanto, de acuerdo a las normas locales y los conceptos básicos antes mencionados, sólo existiría obligación de pagar impuestos si dicho capital invertido (el hecho generador) se encuentra ubicado en Costa Rica. En los términos previstos en las normas tributarias, sólo se entenderá como renta de fuente costarricense el capital utilizado en territorio nacional.

No obstante lo anterior, la posición de las autoridades fiscales, de la Sala Primera y de la Sala IV, indica que para entender si se trata de rentas de fuente costarricense, el origen de los fondos invertidos y su relación con la economía estructura del país.

En consecuencia, y siguiendo con el ejemplo anterior, si la empresa invirtió en el exterior capitales que obtuvo como producto de su actividad lucrativa, entonces existe una relación entre el origen de los recursos invertidos y la estructura económica costarricense; por lo que, de acuerdo con la posición sustentada por la Corte Constitucional, en este caso el rendimiento generado por la inversión en el exterior debe incluirse en el certificado de utilidad y considerarse como renta gravable sobre la cual se aplica un impuesto del 30% al final del período fiscal. .

Con esta posición, estaría obligando a integrar las rentas pasivas que obtiene un contribuyente en el exterior con las rentas obtenidas de la actividad lucrativa. Esto implica desconocer y desaplicar los conceptos de: hecho generador, cédula de identidad y territorialidad que fueron analizados anteriormente.

Sin embargo, si se presenta esta misma situación, pero la inversión se realiza en un instrumento financiero en suelo costarricense, el Fisco ha aceptado que la renta no se integre, y en consecuencia, que sólo se pague el impuesto que corresponda a cada certificado. . Esta es una situación que genera muchas dudas entre los contribuyentes y produce disputas administrativas y judiciales que cuestan mucho dinero a todos los costarricenses.

El autor es socio de servicios legales y de impuestos de la firma Deloitte Costa Rica.

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By Nacion

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