El llamado ‘Black Friday’ (‘Viernes Negro’), el día posterior al Día de Acción de Gracias, que tiene su origen en Estados Unidos y se celebra el último jueves de noviembre, se ha convertido en motivo de gran publicidad, promociones y descuentos en muchos países. , incluyendo Costa Rica. ¿Qué tan reales son los descuentos? ¿Qué tan informados están los consumidores?

Para evaluar la situación y los beneficios reales a los que pueden aspirar los consumidores, visitamos varias tiendas y registramos el historial de precios y descuentos de septiembre a noviembre.

Debido a la coincidencia este año con la Copa del Mundo, las pantallas de televisión son uno de los artículos más buscados. Según datos de la Cámara de Comercio, en tiempos normales cuando se disputa la Copa del Mundo entre junio y julio, las ventas de pantallas han crecido hasta en un 50%. La información recabada muestra que ninguna de las pantallas identificadas tuvo incrementos en sus precios por el ‘Black Friday’. Sin embargo, en algunos casos el precio no fue necesariamente el más bajo registrado durante los meses de observación.

Se observa un patrón similar en otros artículos, como hornos de microondas y consolas de videojuegos, según nuestro informe. En algunos casos, es posible que los descuentos del ‘Viernes negro’ no parezcan corresponder exactamente a los porcentajes anunciados, según el precio anterior que se utilice para la comparación. En otros casos, es dudoso que se hayan otorgado descuentos significativos a pesar de las promesas de hasta un “20% de descuento”.

El ejercicio puede parecer casuístico. Sin embargo, tiene que ver con un tema de gran importancia, como es el equilibrio entre la libertad de comercio y la protección del consumidor, teniendo en cuenta que el consumidor tiene un derecho fundamental a obtener información veraz sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado. mercado.

La ley obliga a los comerciantes a informar suficientemente al consumidor, en español y de forma clara y veraz., sobre los elementos que inciden directamente en su decisión de consumo. La oferta y la publicidad deberán hacerse de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios, sus características, condiciones, contenido, utilidad o finalidad, de forma que no induzcan a error o engaño. En el caso de promociones u ofertas especiales, se deberá indicar el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o beneficio que obtendría el consumidor si aprovechara la promoción. Investigar el financiero sugiere que esto no siempre se hace de la manera más clara.

La provisión de información y educación -más que regulaciones estatales represivas- son medios efectivos para proteger al consumidor. El Estado debe asegurarse de orientar sus instituciones y procedimientos hacia ese fin. Si se observa el marco institucional y regulatorio actual, tiene importantes limitaciones que han sido señaladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus informes.

Según la OCDE, entre los principales desafíos para la aplicación efectiva de la política del consumidor en Costa Rica se encuentran las regulaciones desactualizadas y la falta de conciencia sobre los derechos del consumidor. Señala que la Ley N° 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, vigente desde 1994, ignora temas como nuevos mecanismos de pago, nuevos productos financieros, acciones colectivas, fraude transfronterizo, y no promueve suficientemente organizaciones de consumidores. consumidores En el comercio electrónico, tema fundamental hoy en día, la normativa se actualizó recientemente, pero persisten los vacíos legales y la necesidad de una mayor conciencia de los consumidores sobre sus derechos.

El marco institucional también es una limitación. La Comisión Nacional del Consumidor y la Dirección de Apoyo al Consumidor, que forman parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), carecen de recursos suficientes y están saturadas. La resolución de una queja del consumidor puede llevar varios años. Por otro lado, falta una mayor coordinación con otras instituciones que tienen facultades normativas en materia de consumo, como los Ministerios de Agricultura y Salud y los reguladores del sector financiero y de servicios públicos.

Estas carencias institucionales son un ejemplo más de la confusión de prioridades de nuestro Estado. En tareas de gran trascendencia, las instituciones trabajan con las uñas, mientras que, por otro lado, subsisten instituciones inviables y programas duplicados o innecesarios, que consumen importantes recursos del sector público.

Es imperativo promover y facilitar el comercio que genera empleo y actividad económica. Momentos como el ‘Viernes Negro’ abren importantes oportunidades para los consumidores. Pero también es fundamental avanzar hacia un consumidor educado e informado, capaz de pedir explicaciones y exigir sus derechos. Las instituciones competentes deben estar mejor organizadas y disponer de recursos para educar al consumidor, monitorear los mercados y responder con mayor celeridad a las denuncias sobre promociones inexactas, irrespeto a las garantías y otras infracciones a la ley. Aún queda mucho camino por recorrer en este asunto.

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By Nacion

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