Cualquier intento de poner en orden las finanzas públicas parece destinado a chocar con las instituciones autónomas, celosas de su discrecionalidad sobre los grandes recursos públicos. Hace apenas un par de semanas, los diputados intentaron posponer la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas con la clara intención de liberar a los municipios y otras instituciones de los nuevos controles, en especial la obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de Contrataciones Públicas ( síncope). Ahora, el Congreso exige excluir a los municipios, universidades y otras instituciones de la ley para la Gestión Eficiente de la Liquidez del Estado.

El proyecto no reduce ni un ápice los presupuestos destinados a las instituciones públicas. Simplemente los obliga a depositar los recursos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) desde donde serán transferidos según lo requiera la operación de cada entidad. El Banco cumpliría las funciones de caja general del Estado y la administración de la plataforma estaría a cargo del Tesoro Nacional para hacer frente a los gastos que se presenten.

Actualmente, los fondos se encuentran en numerosas cuentas repartidas por todo el sistema bancario, y buena parte de ellos termina invirtiéndose en bonos del Estado cuando la subejecución presupuestaria lo permite. Entonces, el gobierno paga intereses millonarios sobre sumas de sus propias arcas.

El Estado financia casi la mitad del presupuesto con deuda. Ese es el origen de buena parte del dinero transferido a las instituciones. Los fondos subejecutados regresan al Estado a través de la compra de bonos cuyos intereses se pagan con los fondos recaudados mediante la colocación de nuevos bonos. El interés se suma a las comisiones de los bancos comerciales y otros gastos. Según la Contraloría, la cuenta única de Tesorería en el Banco Central ahorraría ¢189.000 millones en intereses, ¢151.400 millones en costos operativos y ¢37.850 millones en comisiones bancarias.

El sistema también ayudaría a controlar la corrupción al aumentar la trazabilidad del gasto. Por su parte, el Tesoro administraría una reserva de liquidez de acuerdo con las necesidades de las instituciones. Esto le permitiría afrontar situaciones estresantes, como el deterioro momentáneo de las fuentes de ingresos.

Inicialmente, la idea fue cuestionada debido al efecto en los bancos públicos del repentino retiro de grandes sumas. Los diputados introdujeron modificaciones para establecer una transferencia gradual de fondos durante cinco años. Vencido ese plazo, las transferencias se realizarán a través de una plataforma electrónica administrada por el Tesoro Nacional.

El proyecto está listo para votación, pero el Partido Liberación Nacional exige excluir a los municipios, como ha sido la tendencia. Tampoco sorprende la insistencia del Frente Amplio en excluir a las universidades. La Unidad Social Cristiana, por su parte, pide dejar fuera a la Promotora de Comercio Exterior, la Banca de Desarrollo, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (Fonatel).

Las tres fracciones están dispuestas a aprobar el proyecto si se atienden sus solicitudes de exclusión. Esto implica acuerdo sobre la utilidad de la iniciativa en términos generales y, al mismo tiempo, una voluntad contradictoria de desmembrarla. El consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad del gasto se prolonga hasta el momento de decisiones concretas y la afectación de entidades afines a cada partido. Por ello, los avances se logran con gran esfuerzo ya un ritmo insuficiente para satisfacer la urgencia de ordenar la gestión fiscal.

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By Nacion

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