Foto: Cinco diputados de Liberación Nacional y toda la bancada del Frente Amplio votaron en contra. (Foto: COECOCeiba).

La “Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso al convenio sobre diversidad biológica y su anexo” fue aprobada con 41 votos a favor y 11 en contra.

Votaron en contra los diputados del Frente Amplio Sofía Guillén, Ariel Robles, Rocío Alfaro, Priscilla Vindas, Antonio Ortega y Jonathan Acuña. Asimismo votaron en contra los liberacionistas Katherine Moreira, Sonia Rojas, Danny Vargas, Francisco Nicolás y Dinorah Barquero.

El expediente fue trasladado para consulta obligatoria a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La diputada Sofía Guillén explicó que si bien el artículo 1 del texto es el propio protocolo, los artículos que van del 2 al 14 son las cláusulas interpretativas, en las que se han hecho cambios en 2022 y no se ha consultado a los representantes. Pueblos indígenas.

Guillén insistió en que el texto en discusión ni siquiera ha sido consultado por la Mesa Nacional Indígena.

“No estamos deslegitimando los criterios de la Mesa Nacional Indígena. La misma Junta dice en una carta enviada a la Asamblea Legislativa en julio del año pasado que sus criterios constitucionales no reemplazan la consulta a los pueblos originarios. No podemos dar nuestro voto como Frente Amplio a un proyecto cuyo texto, con cláusulas interpretativas, no ha sido consultado en su versión final a los pueblos indígenas, como establece el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas”, resaltó Guillén.

Guillén también señaló que en el proyecto no se cerraron las puertas a la biopiratería con cláusulas interpretativas y que hubo falta de claridad respecto a los pueblos fronterizos.

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La consulta a los pueblos originarios es un requisito obligatorio establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Costa Rica es signatario.

— ¿Qué es el Protocolo de Nagoya?

El Protocolo de Nagoya es un acuerdo internacional sobre el acceso a los recursos genéticos, creado para implementar el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Fue adoptado en Nagoya (Japón) en la décima conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos; sin embargo, organizaciones ambientalistas y agropecuarias se oponen a sus planteamientos porque señalan que es un instrumento para asegurar la generación de grandes beneficios para las empresas e instituciones transnacionales, derivados de la venta de nuevos productos farmacéuticos, alimenticios, de belleza y otros.

Los recursos genéticos, en este caso, serían, por ejemplo, materiales de origen animal, vegetal, microbiano, tales como genes, moléculas, semillas, plasma, entre otros.

El Protocolo fue rechazado previamente en dos períodos legislativos, en 2011 y 2016, por la Comisión de Medio Ambiente, debido a las objeciones planteadas por organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas.

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