Denuncias penales, allanamientos por parte de la Fiscalía, medidas cautelares, acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo, el conflicto entre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) parece intensificarse más cada día que pasa.

El capítulo más reciente fue escrito el viernes 1. septiembre, cuando el Ministerio Público confirmó el allanamiento a las oficinas de la secretaría del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para recabar pruebas por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencias contra la Hacienda Pública.

La Superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar (izquierda), fue denunciada penalmente por la gerente general del Banco Central, Hazel Valverde (derecha).

Esto es lo que se sabe hasta el momento:

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Esta disputa entre la Sugef y el BCCR comenzó en noviembre de 2022, cuando el Directorio del Central acordó solicitar a la Superintendencia acceso a información integral de todas las operaciones crediticias que le envíen los intermediarios supervisados ​​(bancos, cooperativas, mutuales, etc.), incluyendo el número de identificación (física, legal o número de identificación Dimex). de los deudores.

Ante su solicitud, los abogados de la Sugef consideraron que, de ser así, podría infringir el derecho a la confidencialidadpor lo que la superintendente, Rocío Aguilar, decidió no compartir la información y, en cambio, envió consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) el 23 de diciembre de 2022 para saber si está obligado a cumplir con el pedido del Central o no.

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Al no recibir la información de la Sugef, la gerente general de la entidad emisora, Hazel Valverde, decidió presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta para la Probidad, Transparencia y Anticorrupción el 21 de mayo de 2023. Así se hizo antes de que la Procuraduría General de la República emitiera sentencia.

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El BCCR insiste en que la finalidad de estos datos es meramente estadística, dice que su objetivo es generar investigación sobre el riesgo financiero de los préstamos otorgados a personas ubicadas en zonas susceptibles a fenómenos asociados al cambio climático, el nivel de endeudamiento de los hogares, así como mejorar la comprensión de los efectos de la política monetaria.

También han reiterado en múltiples ocasiones que el motivo por el que necesitan los datos con un número de identificación Es poder cruzarlo con otras bases de información que ya tienenincluyendo el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Si los datos anonimizados se comparten con ellos, como pretende la Sugef, no pueden hacer este cruce y, según considere la entidad emisora, se generarían análisis de riesgo menos confiables.

El BCCR ha mencionado que esta información le ayudará a cumplir metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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La PGR respondió a la Sugef hasta el 3 de julio de este año. En tu respuesta, considera que la información crediticia no puede considerarse “sensible” siempre que tenga una finalidad estadística. De ser así, dicha información deberá ser compartida con el Banco Central.

Según confirmó la Fiscalía General El financierola opinión es vinculante. “Entonces, para las actuaciones específicas que debe realizar la Sugef y que están relacionadas con lo analizado en dicho dictamen, dicha actuación debe sujetarse a las indicaciones que allí se hacen, siendo la interpretación de esas indicaciones materia de competencia de la Sugef”, dice la PGR.

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Por el momento, hasta donde se sabe, la Sugef No has compartido información crediticia con Banco Centraél.

El 17 de agosto, el Superintendente Aguilar se reunió con el Fiscal General, Iván Vincenti, y la procuradora, Silvia Patiño, para conocer el alcance del fallo, así como el tipo de información que, según la Sugef, se está brindando al BCCR. . Dicha reunión fue solicitada el 9 de agostoesto fue confirmado a El financiero tanto de la Superintendencia como de la PGR.

Ese mismo 17 de agosto, La Sugef anunció que Aguilar había sido denunciado penalmente por el gerente del Banco Central. Aguilar confirmó que conoció la denuncia de la Fiscalía el 8 de agosto vía telefónica.

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El pasado 1º. En septiembre, la Fiscalía allanó las oficinas del CONASSIF en busca de pruebas por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencias contra el Tesoro Público, por el expediente 23-000107-1218-PE.

El Ministerio Público confirmó que la causa se originó tras la denuncia del Banco Central contra el Superintendente Aguilar.

La investigación también está relacionada con acuerdo tomado por los integrantes del Conassifen una sesión celebrada el 15 de agosto, en la que, presuntamente, se decidió emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitar al presidente ejecutivo de la entidad, Róger Madrigal, retiran denuncia interpuesta contra Aguilarsegún el Ministerio.

Ahora la Fiscalía también busca si los demás miembros de la Junta Directiva del Conassif habrían incurrido en los presuntos hechos delictivos.

La oficina de prensa de la Sugef confirmó a este medio el 29 de agosto que CONASSIF respalda criterio de Sugef “en el sentido de que no puede entregar al Banco Central datos que se consideren confidenciales, como el número de cédula del deudor”.

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El 28 de agosto, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) ordenó al Banco Central suspender la solicitud de información a los deudores con número de identificación mediante resolución N° 697-2023. esto lo hizo como medida de precaución mientras que el Prodhab determina el origen jurídico de dicha acción.

el BCCR emitirá sus criterios respecto de esta resolución el lunes 4 de septiembre de según confirmó el equipo de prensa de la entidad emisora ​​a este medio.

Por otro lado, la Sala Constitucional hizo efectiva la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) contra la solicitud de datos realizada por el Banco Central.

El ABC también interpuso un recurso de amparo contra el BCCR para que en sentencia se declare que la solicitud del Banco Central vulnera los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa, a la intimidad, al secreto y a la confidencialidad del artículo 24 de la Constitución, entre otros derechos constitucionales.

Además, se condenó a la Central al pago de los daños y perjuicios causados ​​por la violación de los derechos fundamentales señalados y al pago de las costas.

se sabe que El financiero que, al menos al 30 de agosto, también existía otro recurso interpuesto en la Sala IV, según confirmó la oficina de prensa de esta entidad. En este, se solicitó dictaminar que el Banco Central no puede solicitar a la Sugef ninguna información personalizada que permita vincular datos de los sujetos obligados con las personas naturales o jurídicas a quienes pertenecen esos datos, así como que se ordene a la entidad emisora ​​abstenerse, en el futuro, para intentar obtener esa misma información.

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By Nacion

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