Costa Rica, un país de renta media con actividad económica reducida, aparato productivo limitado y pocos mecanismos de supervisión fiscal, aumenta el gasto público a través de convenios colectivos desastrosos, pensiones de lujo y aumentos salariales excesivos para los empleados públicos, con poco o ningún análisis de las necesidades de los los diferentes sectores.

Lo anterior provoca que, en materia de recaudación, estemos tratando de llenar un saco roto. Justo cuando se creía que la ley tributaria era un mecanismo mágico para solucionar el gasto incontrolable y sanear la economía debilitada y el déficit creciente, surgen nuevos convenios colectivos entre sindicatos y juntas directivas maleables al margen de la legislación, reiteradas advertencias de la Contraloría General. de la República y fallos contra la Corte Constitucional.

Ahí es cuando me pregunto si la propia legislación será una motivación para evadirla, en detrimento de los esfuerzos por ordenar la casa. Creo que todos los costarricenses deberíamos hacernos la misma pregunta.

Mario Miranda Murillo, Alajuela

Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dijo La Nación (17/12/2022), en referencia al Seguro de Enfermedad y Maternidad, que una forma de obtener nuevos recursos es aprobar más impuestos a los productos no saludables y aumentar el IVA.

Aunque la propuesta parece inofensiva, no es nada agradable, dada la gran cantidad de impuestos que ya pagamos los costarricenses. Por la falta de recursos económicos prevista de aquí a una fecha determinada, los contribuyentes no son culpables de mala administración o poco control en la recaudación de las personas naturales y jurídicas que no pagan a tiempo sus obligaciones con la CCSS. Ese es un tema antiguo y, sin embargo, internamente no utilizan las herramientas disponibles para que los deudores se pongan al día.

Pretenden imponer impuestos al pueblo por una deuda que no es solo la de la actual administración, mientras el Gobierno Central siga moroso.

Arturo Alvarado Moya, Desamparados

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Hace un par de meses estacioné mi vehículo frente a la entrada de MásxMenos en San Pedro y alguien lo rayó. Revisaron las cámaras y se ve al culpable, pero los guardias brillaban por su ausencia. Me dijeron que su póliza cubriría la reparación, pero no responden.

Flor Ivette Vargas Castillo, Zapote

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La Superintendencia General de Valores (Sugeval), encargada de proteger a los inversionistas de instituciones como BCR SAFI, realiza su trabajo en gran parte con la información que le brindan los sujetos obligados. No investigan ni evalúan indicadores, como la alarmante caída de los rendimientos y valores de las acciones, que podrían indicar que algo no anda bien, pero solo actúan cuando los hechos son consumados e irreversibles.

Lo único que puede hacer la Sugeval es sancionar administrativamente a los infractores, e inversionistas, acudir a los tribunales en interminables procesos. No hay supervisión de los regulados ni protección para los que confiamos en una entidad supervisada por el Estado.

Germán Alfaro Murillo, Nicoya

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By Nacion

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